Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Violencia política no debe ser un obstáculo para que las mujeres accedan a espacios de toma de decisiones, afirma magistrada Martha Mercado
La magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), Martha Leticia Mercado Ramírez participó en la presentación del informe del Observatorio: «Del dicho al hecho. Observación Electoral Jurisdiccional en materia de Violencia Política contra las mujeres en razón de género en Proceso Electoral Federal”, realizado por la organización Fuerza Ciudadana A.C.
Al hacer uso de la voz, la magistrada Mercado Ramírez resaltó la relevancia de la observación por parte de la ciudadanía y las organizaciones en materia político-electoral, pues a partir de ahí se han generado reflexiones y estrategias para resolver las problemáticas vinculadas con el acceso a espacios de toma de decisión y el ejercicio pleno de los derechos.
Asimismo, aseguró que la “violencia contra las mujeres ha existido siempre, pero es urgente que se lleven a cabo soluciones específicas que permitan la erradicación de este terrible mal que aqueja a la sociedad […]. Por ejemplo, en la política, la violencia sigue siendo uno de los mayores obstáculos para las mujeres y eso ha impedido que se ejerzan a plenitud los derechos político-electorales”.
De igual forma, aseguró que solo a través de la formación de una cultura de respeto a los derechos, las nuevas generaciones podrán subsanar las desigualdades en contra de las mujeres y así lograr el establecimiento de una cultura de igualdad sustantiva. Es complejo el reto de no repetir esquemas que venimos arrastrando, “debemos hacer lo necesario para transformar nuestra realidad y que, en 20 años, no sigamos discutiendo los mismos temas y planteando las mismas problemáticas”, remarcó la magistrada del TECDMX.
El informe en cuestión analiza el tema de la violencia desde en tres principales etapas:
- El desarrollo y aprobación de la reforma sobre Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.
- Las sentencias en la materia relativas a Diputaciones Federales correspondientes al Proceso Electoral Federal 2020-2021
- La aplicación de la reforma en este tipo de actos en el Proceso Electoral Federal 2020-2021
Asimismo, el informe considera que el mayor castigo que puede tener una persona que realiza violencia política por razón de género en contra de una mujer es que, en caso de haber obtenido la victoria, se anule la elección; de lo contrario, se deja en las autoridades electorales la nulidad únicamente cuando se comprueben violaciones constitucionales.
Dentro de las principales recomendaciones del informe se propone la incorporación de la perspectiva de interseccionalidad, que es tan importante como la de género. El informe considera que con estas dos herramientas se podrá tener una visión más amplia y con más profundidad del fenómeno de la violencia política y cómo es que lo viven las mujeres desde su diversidad, entendiendo que la diversidad no se limita solamente, por ejemplo, a mujeres indígenas, también debe de incorporar e incluir a las mujeres con discapacidad, a las mujeres pertenecientes al colectivo LGBTTTIQ+, a las mujeres migrantes y afro mexicanas.
Por su parte, Gloria Alcocer Olmos, directora ejecutiva de Fuerza Ciudadana A.C., aseguró que se debe fortalecer a las autoridades electorales locales, pues son estos quienes conocen el contexto y necesidades de cada región y, con ello, tienen mejor capacidad y entendimiento para la resolución de los actos que acusan violencia política en razón de género.
De igual forma, consideró imperante que, para las próximas reformas en la materia, las personas legisladoras deben tomar en cuenta la voz, necesidades y exigencias de las personas que serán beneficiarias de la ley, pues solo de esta forma se podrán atacar y resolver las problemáticas y violencias en contra de las mujeres y grupos de atención prioritaria.
Durante su participación, Ninfa Elizabeth Hernández Trejo, coordinadora de la investigación de Fuerza Ciudadana A.C., consideró insuficientes las sanciones sobre las conductas identificadas como violencia política de género, pues no existe dinero suficiente que permita reparar el daño generado por impedir a una mujer que participe en la vida pública y el ejercicio de sus derechos.
“Consideramos que son insuficientes para reparar el daño a la víctima y es importante ampliar las medidas de reparación integral a las víctimas, a fin de darles certeza de que el acto cometido en contra de ellas no se repetirá”, afirmó.
Finalmente, Marisol Jiménez Martínez, asesora jurídica de Fuerza Ciudadana A.C., reiteró que inscribir a alguien en el Catálogo de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género resulta insuficiente en el caso de personas que no aspiran a un cargo público, pues podrá seguir cometiendo actos contra las mujeres sin un impacto real.
“Hay que reconocer que existe un vacío normativo y en la competencia para sancionar la violencia política en razón de género. Consideramos fundamental robustecer el marco normativo y determinar de manera clara cuándo será materia federal y cuándo local”, concluyó.
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