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• Se analizó la sentencia SUP-JDC-352/2018 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
• El evento contó con la participación del Magistrado del TEPJF Felipe de la Mata, del Consejero del
IECM Mauricio Huesca, de la Magistrada del TECDMX Martha Mercado y de la Presidenta de la CDHDF
Nashieli Ramírez.
Esta mañana, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF),
se celebró el conversatorio “Participación política en el Sistema Penitenciario. Reflexiones en torno a
la Sentencia SUP-JDC-352/2018 y SUP-JDC-353/2018 ACUMULADO”, el cual fue organizado por dicha
Comisión y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX.)
El Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de
la Mata Pizaña, ponente del proyecto de resolución de la sentencia, inició el conversatorio con la
contextualización del caso y las diversas aristas que fueron atendidas en la sentencia.
Las demandas relativas al juicio fueron interpuestas por dos personas de origen tzotzil que se
encontraban en prisión preventiva y que argumentaban la omisión del Instituto Nacional Electoral
(INE) de realizar las acciones necesarias para garantizar su derecho a votar.
En el análisis de las demandas se atendió el principio de presunción de inocencia para permitir a los
demandantes ejercer su derecho al voto, al mismo tiempo que se resolvió instruir al INE para generar
un programa piloto que permitiera que en la elección de 2024, se garantiza el pleno ejercicio del
derecho al voto para las personas que se encuentran en prisión preventiva.
Asimismo, de la Mata Pizaña consideró viable que, en los trabajos rumbo a una eventual reforma
electoral se analice la vigencia del artículo 38 de la Constitución a la luz del principio de presunción
de inocencia, porque actualmente impide votar a las personas en prisión preventiva, es decir sin
sentencia definitiva.
Por su parte, el Consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mauricio Huesca
Rodríguez, subrayó que la Encuesta de Población respecto de las personas privadas de su libertad
arroja que 30% y el 40% aún no reciben condena, y que el 95% de las personas en procesos penales
no tiene sentencias definitivas.
Huesca Rodríguez afirmó que esta sentencia a favor del derecho a que las personas en prisión
preventiva puedan votar, será un alto catalizador para impulsar una reforma al Sistema Penitenciario
de nuestro país.
Al hacer uso de la voz, la Presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez Hernández, felicitó al Magistrado
Felipe de la Mata y aseguró que es necesario que los operadores de la justicia realicen
interpretaciones evolutivas y progresivas de los derechos humanos.
Ramírez Hernández consideró que mientras se sigan realizando interpretaciones formales a la ley,
nos mantendremos dentro de una caja de cristal.
Finalmente, la Magistrada del TECDMX, Martha Mercado Ramírez, quien moderó la mesa, destacó la
importancia de la sentencia (SUP-JDC-352/2018 y Acumulado) dado que es realizable y prevé un
periodo de cumplimiento por parte de la autoridad administrativa para que genere las condiciones
necesarias para su aplicación en la elección de 2024.
Asimismo, afirmó que este tipo de sentencias son de avanzada ya que conoce y tiene sensibilidad de
la realidad que viven las personas en prisión preventiva.
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