Ciudad de México, a 26 de mayo de 2020
Boletín Nº 34
- La videoconferencia se realizó con personas servidoras públicas del Tribunal Electoral veracruzano por invitación del Magistrado veracruzano Roberto Sigala Aguilar.
La Magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), Martha Leticia Mercado Ramírez, analizó a través de una videoconferencia con personas servidoras públicas del Tribunal Electoral de Veracruz la reforma electoral sobre violencia política por razón de género, aprobada el pasado 16 de abril.
Durante su participación, la Magistrada Mercado Ramírez consideró que la reforma en cuestión transita de manera paulatina hacia un ámbito de mayores espacios de oportunidad hacia las mujeres en el país.
Asimismo, consideró que con las reformas en materia de paridad en el ámbito electoral existe ahora una urgencia para que las acciones puntuales y herramientas jurisdiccionales sean constantes y no queden retrasos o justificaciones innecesarias para su correcta implementación.
Para lograrlo, será necesario una coordinación interinstitucional tanto vertical como horizontal, que tenga por objetivo apoyar de manera constante las necesidades dependientes de las circunstancias y contextos específicos que cada Estado tiene y conoce, sobre el tema de equidad y violencia política por razón de género.
Dentro de los temas relevantes que compartió la Magistrada Mercado Ramírez con las personas que participaron en la videoconferencia, fue el relativo a la cláusula de nulidad de la elección que se encontraba en la normativa de la Ciudad de México y que, tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue declarado inconstitucional.
La Magistrada Martha Mercado reconoció que la iniciativa de la Constitución capitalina sienta un parteaguas para el análisis en la materia de violencia política por razón de género, pues al ser incluida dentro de las causales de nulidad de una elección daba mayor importancia y visibilidad al tema.
Finalmente, la Magistrada Mercado Ramírez consideró que las instituciones tienen una responsabilidad inherente de mantener el equilibrio y la correcta administración y aplicación de derechos, libertades y obligaciones para así luchar para que los cambios no sólo sean deseables, sino posibles.
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